La nueva legislatura congresual, prevista para comenzar mañana 27 de febrero, encuentra a los diputados y senadores con un paquete de iniciativas pendientes y retrasadas, entre las que destacan tres reformas que han encontrado resistencia y que serán estudiadas de manera simultánea: la policial, la fusión de los ministerios de Educación y Educación Superior y la retrasada reforma laboral.
Aunque el Partido Revolucionario Moderno (PRM) domina ambas cámaras congresuales, las tres reformas enfrentan resistencias sectoriales, lo que pondrá a prueba la cohesión interna de la organización oficialista y su capacidad de negociación, factores que posteriormente derivarán en la aprobación o en la caída de las tres propuestas.
El primer reto del Congreso se inclina hacia la Cámara de Diputados, que tiene en sus manos la manoseada reforma al Código de Trabajo, una enmienda propuesta por el Poder Ejecutivo en octubre de 2024 y que, un año y medio después, no ha logrado aprobarse por desacuerdos entre empresarios, sindicalistas y los propios legisladores.
La última vez que se debatió el proyecto de reforma laboral, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, prometió que la pieza será agilizada a partir del 27 de febrero y garantizó que, si empresarios y trabajadores no se ponen de acuerdo, el Congreso usará su facultad legislativa para aprobar la propuesta sin más demoras.
En esencia, las diferencias más discutidas en el proyecto de reforma laboral giran en torno a la cesantía y a la posible eliminación de las sanciones contra los empleadores que no la paguen dentro del plazo legal establecido.
Fusión de ministerios
Otra reforma que se estudiará al mismo tiempo que la reforma laboral es la fusión de los ministerios de Educación y Educación Superior, una iniciativa enmarcada en el plan de enmienda para la modernización de la Administración Pública.
La propuesta fue presentada por el Poder Ejecutivo en diciembre de 2025 al Senado y de inmediato fue enviada al estudio de una comisión especial de legisladores, que deberá sortear las diferencias que arrastra la pieza con sectores, partidos y colectivos que ven «una amenaza» a la calidad educativa si se fusionan ambas entidades.
Además, el Senado también estudiará una de las reformas prometidas por el presidente Luis Abinader, que busca continuar la reestructuración de la Policía Nacional a través de una nueva ley que integra nuevos escalafones de ascensos para los agentes, el uso de la fuerza en situaciones extremas, el respeto a los derechos humanos y las inspecciones, entre otras novedades.
La reforma policial se moverá dentro de una comisión especial del Senado y se estudiará en medio de cambios en la institución del orden, que desde hace una semana está dirigida por un nuevo director, el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.
La mayoría legislativa
La Cámara de Diputados cuenta con más de 145 legisladores que pertenecen al PRM o a partidos aliados, de una matrícula total de 190. Mientras que el Senado cuenta con 29 congresistas ligados al oficialismo, de un total de 32.
Esa mayoría legislativa deja en manos del PRM la responsabilidad sobre el futuro de las tres reformas pendientes, ya que no necesita apoyo de la oposición para aprobar, modificar o rechazar las propuestas.
La nueva legislatura congresual, prevista para comenzar mañana 27 de febrero, encuentra a los diputados y senadores con un paquete de iniciativas pendientes y retrasadas, entre las que destacan tres reformas que han encontrado resistencia y que serán estudiadas de manera simultánea: la policial, la fusión de los ministerios de Educación y Educación Superior y la retrasada reforma laboral.
Aunque el Partido Revolucionario Moderno (PRM) domina ambas cámaras congresuales, las tres reformas enfrentan resistencias sectoriales, lo que pondrá a prueba la cohesión interna de la organización oficialista y su capacidad de negociación, factores que posteriormente derivarán en la aprobación o en la caída de las tres propuestas.
El primer reto del Congreso se inclina hacia la Cámara de Diputados, que tiene en sus manos la manoseada reforma al Código de Trabajo, una enmienda propuesta por el Poder Ejecutivo en octubre de 2024 y que, un año y medio después, no ha logrado aprobarse por desacuerdos entre empresarios, sindicalistas y los propios legisladores.
La última vez que se debatió el proyecto de reforma laboral, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, prometió que la pieza será agilizada a partir del 27 de febrero y garantizó que, si empresarios y trabajadores no se ponen de acuerdo, el Congreso usará su facultad legislativa para aprobar la propuesta sin más demoras.
En esencia, las diferencias más discutidas en el proyecto de reforma laboral giran en torno a la cesantía y a la posible eliminación de las sanciones contra los empleadores que no la paguen dentro del plazo legal establecido.
Fusión de ministerios
Otra reforma que se estudiará al mismo tiempo que la reforma laboral es la fusión de los ministerios de Educación y Educación Superior, una iniciativa enmarcada en el plan de enmienda para la modernización de la Administración Pública.
La propuesta fue presentada por el Poder Ejecutivo en diciembre de 2025 al Senado y de inmediato fue enviada al estudio de una comisión especial de legisladores, que deberá sortear las diferencias que arrastra la pieza con sectores, partidos y colectivos que ven «una amenaza» a la calidad educativa si se fusionan ambas entidades.
Además, el Senado también estudiará una de las reformas prometidas por el presidente Luis Abinader, que busca continuar la reestructuración de la Policía Nacional a través de una nueva ley que integra nuevos escalafones de ascensos para los agentes, el uso de la fuerza en situaciones extremas, el respeto a los derechos humanos y las inspecciones, entre otras novedades.
La reforma policial se moverá dentro de una comisión especial del Senado y se estudiará en medio de cambios en la institución del orden, que desde hace una semana está dirigida por un nuevo director, el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.
La mayoría legislativa
La Cámara de Diputados cuenta con más de 145 legisladores que pertenecen al PRM o a partidos aliados, de una matrícula total de 190. Mientras que el Senado cuenta con 29 congresistas ligados al oficialismo, de un total de 32.
Esa mayoría legislativa deja en manos del PRM la responsabilidad sobre el futuro de las tres reformas pendientes, ya que no necesita apoyo de la oposición para aprobar, modificar o rechazar las propuestas.
