La Suprema Corte de Justicia (SCJ), que cuenta actualmente con tres salas y un Pleno de 17 jueces, presume desde hace meses haber dejado atrás «43 años de justicia tardía«, por la que algunos procesados fallecían sin ver o escuchar una decisión sobre su recurso de casación.
Pese a que la eliminación de la mora en la alta corte ha sido uno de los principales «trofeos» exhibidos por su presidente, Henry Molina, en el Senado se sometió un proyecto de ley que procura crear una cuarta sala en ese tribunal que ampliaría a 22 su Pleno.
Disiente de iniciativa
El secretario general de la SCJ, César García Lucas, explica que si el proyecto parte sobre la base de que la Tercera Sala no da respuesta ágil y eficiente a los recursos que se someten sobre asuntos laborales, inmobiliarios y contencioso administrativo, «no se corresponde con la realidad».
Recuerda que esa, como las otras dos salas, «están al día» con todos sus expedientes. «Fíjese, que la Tercera Sala al día de hoy recibe 300 recursos mensuales y resuelve 500 recursos mensuales», subraya.
Sobre el número de casos fallados en relación con los que ingresan, obedece a que siempre hay un volumen de procesos en espera de ser resueltos y que el tribunal se toma entre tres y seis meses para concluir.
García Lucas afirma que la iniciativa del senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao «podría tener fundamentos en su creación» en un posible aumento de los casos contenciosos administrativos.
«Esa conquista de poder someter a la administración a la correcta aplicación de la ley». Tal vez por ahí (en el desarrollo de la especialidad del Derecho Administrativo) podría justificarse», dijo.
Revisiones de fallos en el TC
El secretario general de la SCJ asevera que las decisiones de esa alta corte no solo se están produciendo en el plazo razonable, sino que también reflejan la fortaleza técnica y calidad de esos veredictos. En ese sentido, manifestó que entre 2019 y 2025, el Tribunal Constitucional solo revisó 126 sentencias de esa alta corte de un total de 56,410, lo que representa una tasa de 0.22 %.
Afirma que esos números confirman la «consistencia y calidad de los fallos emitidos» y consolida la seguridad jurídica. No obstante, sostiene que las anulaciones del TC no deben verse como algo extraordinario, «sino como expresión natural del equilibrio de poderes que establece la Constitución de 2010».
Genao, cuyo proyecto busca modificar la Ley Orgánica 25-91 de la SCJ, en una comunicación de prensa a principio de mes, sostuvo que su objetivo principal es desvincular las materias contencioso-administrativas y contencioso-tributarias de la Tercera Sala.
«Actualmente (la Tercera Sala) lidia con una dispersión de asuntos (laboral, inmobiliario y contencioso) que menoscaba su capacidad para generar un desarrollo jurisprudencial avanzado», consideró.
Al respecto, García Lucas dijo que las tres salas «no tienen casos que superen un año», y particularmente la Segunda Sala, los que posee, no tienen más de seis meses, «es tanto así que el 80 por ciento de los casos de la Segunda Sala se resuelven en tres meses, es decir en el plazo legal», indicó.
Agregó que eso ha sido posible, gracias a que las votaciones son electrónica, la revisión de los expedientes es totalmente digital y la firma de las decisiones también.
Durante una entrevista con Diario Libre, García Lucas expuso que en 2019 existían 57 casos pendientes de decisión que ingresaron entre 1982 y 1999.
Desde el 2000 al 2009 todavía «persistían 480 casos» y del 2010 al 2019 la mora continuaba con un total de 8,650 casos sin resolver.
«Al día de hoy la SCJ ha dejado 43 años de justicia tardía«, debido a que, según asegura, en el 2020 fueron todos resueltos, a pesar de la pandemia». Sostuvo que todas esas estadísticas se encuentran disponibles en la Juriteca de la Escuela Nacional de la Judicatura.
Fuente Diario Libre
