En los últimos cinco años, el presidente Luis Abinader ha convertido la minería y la exploración de recursos estratégicos en un proyecto de nación. Una suerte de «gold rush» o fiebre por riquezas subterráneas que, de ser logradas, pondrían al país en el mapa geoestratégico mundial.
Pero no hablamos del oro de toda la vida, se trata del petróleo, sus derivados, y las tierras raras.
Abinader no ha disimulado su ambición petrolera. En 2025 impulsó una nueva ley que abre el país a la exploración y explotación de petróleo y gas con reglas hechas para atraer inversionistas internacionales.
Empresas extranjeras podrán entrar siempre que al menos un 15 % del capital sea dominicano.
La hoja de ruta incluye una ronda petrolera en 2026, donde se subastarán bloques de exploración en distintas zonas.
Desde 2021, equipos de la Refinería Dominicana de Petróleo han estado estudiando las cuencas de Azua, Enriquillo, San Juan y el Cibao. Las estimaciones preliminares hablan de unos 500 millones de barriles de petróleo en el subsuelo, con alrededor de 80 millones potencialmente recuperables.
El gobierno incluso ha buscado alianzas internacionales poco habituales. Hay acuerdos con Argentina para intercambiar conocimientos sobre explotación de hidrocarburos y evaluaciones para que RD invierta en proyectos de gas en el extranjero. También se han tocado puertas en Guyana, el país vecino que pasó de ser un desconocido en el mapa energético a uno de los nuevos ricos del petróleo.
El oro tecnológico
En paralelo, el gobierno se ha lanzado a buscar tierras raras en Pedernales, específicamente en la Sierra de Bahoruco, sobre antiguas minas de bauxita. Estos minerales son esenciales para fabricar desde turbinas eólicas hasta celulares y misiles. El interés global es tan grande que Estados Unidos y China llevan años en una guerra silenciosa por su control.
El proyecto arrancó con la Universidad de Barcelona y ahora cuenta con el apoyo técnico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. Los resultados preliminares del gobierno hablan de hasta 100 millones de toneladas de reservas.
Para manejarlo, Abinader creó una empresa estatal, Emidom, que se encargará de negociar alianzas y supervisar la explotación. El discurso oficial es que la explotación será «sostenible» y que el beneficio quedará «para el pueblo dominicano».
Mientras el Gobierno insiste en la búsqueda de petróleo y tierras raras, hay proyectos para la explotación de oro que llevan años esperando el visto bueno. El caso más sonado es el Proyecto Romero, en San Juan de la Maguana. Identificado por una empresa canadiense, lleva casi una década listo para empezar estudios de impacto ambiental.
La compañía promete empleos, impuestos y tecnología sin cianuro, pero enfrenta un muro de rechazo local. Líderes comunitarios, agricultores y sacerdotes temen que la minería acabe con el agua de la región.
En Dajabón, otro proyecto de oro está paralizado. La minera canadiense Unigold identificó depósitos importantes.
Incluso Barrick, la minera más grande, tuvo que esperar y negociar duro para ampliar la vida útil de la mina Pueblo Viejo. La expansión requería una nueva presa de colas que implicaba desalojar cientos de familias. Tras años de protestas y negociaciones, el permiso llegó con condiciones estrictas.
