En el habla popular de nuestras calles circula una frase tan cruda como reveladora: «el peatón no es gente«, y más que un exabrupto cotidiano, esa expresión resume una realidad incómoda de nuestra cultura vial. Quien camina parece ocupar el último lugar en la jerarquía del tránsito. Y, sin embargo, proteger al peatón equivale a proteger a toda la ciudadanía, porque en algún momento todos descendemos del vehículo y nos convertimos en personas que caminan.
En cualquier sociedad organizada, el principio elemental del tránsito es proteger al más frágil, sin embargo, en nuestras calles ocurre lo contrario: el conductor suele sentirse dueño de la vía, mientras el peatón queda relegado a una posición de riesgo permanente. De ese modo, la ciudadanía que camina termina expuesta a un sistema que debería garantizarle seguridad.
Lo lamentable, y preocupante es que esa realidad no es casual ni aislada, es el fiel reflejo de un modelo de movilidad donde la fuerza del vehículo se impone sobre el derecho básico de caminar con seguridad. Cuando una persona cruza una calle, avanza por una acera deteriorada o intenta desplazarse entre vehículos estacionados irregularmente, se enfrenta a un entorno urbano que ha dejado de reconocer su condición especial de vulnerabilidad.
Peatón y conductor: el más débil siempre pierde
El peatón es, por naturaleza, el actor más desprotegido del sistema vial, carece de carrocería, de motor y de cualquier barrera que amortigüe el impacto de una imprudencia. Por eso, en toda sociedad civilizada, quien conduce una máquina capaz de arrebatar vidas en segundos tiene una responsabilidad mayor frente a quien camina. Ese principio simple debería orientar la organización del tránsito.
Pero en la práctica dominicana ese principio parece invertido, debido a que las calles han terminado organizándose alrededor del vehículo y no alrededor de la persona que camina por las aceras o cruza una calle. El peatón debe adaptarse al desorden, esquivar automóviles estacionados, rodear obstáculos en las aceras o caminar por la calzada para continuar su trayecto. Cada uno de esos gestos cotidianos revela un sistema que ignora a su actor más vulnerable.
Uno de los ejemplos más evidentes de esta realidad se observa en la ocupación sistemática de las aceras. Espacios concebidos para el tránsito peatonal han sido convertidos en estacionamientos improvisados, talleres mecánicos, extensiones de viviendas, depósitos de materiales de construcción o áreas comerciales. Así, lo que debería ser un corredor seguro para caminar termina convertido en un territorio invadido.
La irresponsabilidad municipal
Cuando las aceras dejan de cumplir su función, el peatón es expulsado hacia la calle, y es allí que en condiciones desigual, debe compartir el espacio con vehículos que circulan a mayor velocidad, en un entorno que incrementa de forma dramática el riesgo de accidentes. Este desplazamiento forzado hacia lo que en dominicana llamamos erróneamente la calzada, constituye una de la más dramática vulneración silenciosa, pero constante, del derecho ciudadano a transitar con seguridad.
En este punto resulta inevitable señalar responsabilidades institucionales, y es que las municipalidades del país tienen la obligación de preservar el orden del espacio público urbano y garantizar que las aceras cumplan su función original. Sin embargo, la permisividad, la escasa fiscalización o la simple indiferencia han permitido que la ocupación irregular de estos espacios se convierta en parte habitual del paisaje urbano.
Paradójicamente, el país cuenta con un marco legal que reconoce la importancia de una movilidad segura y organizada. La Ley No. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana establece principios orientados a proteger la vida y ordenar el tránsito. No obstante, entre lo que dispone la ley y lo que ocurre diariamente en nuestras calles, persiste una brecha preocupante.
El déficit endémico
Este escenario también refleja un déficit más profundo en la cultura social. La falta de respeto, civismo y consciencia ciudadana se manifiesta en el tránsito diario mediante conductas que priorizan la conveniencia individual sobre el bienestar colectivo. Estacionarse donde no corresponde, ocupar una acera o ignorar un paso peatonal son gestos que, aunque parezcan pequeños, terminan poniendo vidas en peligro.
Superar esta realidad exige algo más que normas escritas, requiere una transformación cultural que coloque el respeto a la vida humana en el centro de la movilidad, significa recuperar las aceras para quienes caminan, fortalecer la responsabilidad institucional y fomentar una educación vial que entienda que cada gesto en la vía pública afecta inevitablemente a los demás.
Porque, al final, dignificar la condición del peatón es dignificar a la ciudadanía misma, y cuando una sociedad protege a quien camina, protege la vida, el respeto y la convivencia. Mientras ese principio no guíe nuestras ciudades, la frase que hoy se repite con crudeza seguirá describiendo una realidad que el país no puede seguir aceptando.
Fuente Diario Libre
