El imputado Santiago Hazim durante su conducción a sala de audiencias, en el marco del proceso legal por presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud.
Cinco de los diez imputados en el caso de corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud han iniciado acercamientos con el Ministerio Público en busca de un acuerdo de penal abreviado, admitiendo su culpabilidad.
Así lo informó una fuente ligada a la investigación, quien aseguró que la solidez de las pruebas recopiladas ha aumentado la presión sobre los encartados.
Dijo que esta situación ha llevado a que los cinco de los encartados, algunos, guardando prisión preventiva, busquen negociar su situación procesal mediante un procedimiento de penal abreviado, admitiendo su culpabilidad.
La fuente, asimismo, reveló que otros imputados estarían igualmente en disposición de acogerse a una propuesta de acuerdo.
Estos acercamientos con el ministerio público se producen en momentos en que el órgano persecutor prepara una nueva fase de la investigación, conocida como «Senasa 2.0«.
Mientras que para el próximo 30 de julio, el juez control de las investigaciones, Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tiene pautado conocer la revisión obligatoria de la medida de coerción de los imputados que cumplen prisión preventiva en la cárcel de Las Parras.
Al grupo se le acusa estafar al Estado Dominicano con más de 15,000 millones de pesos, cifra que investigaciones posteriores han elevado a más de 19,000 millones y de acuerdo con el Ministerio Público, la estructura habría operado entre 2020 y 2025.
Encabeza el grupo de imputados el exdirector ejecutivo de la entidad, Santiago Marcelo Hazim Albainy, junto a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez, entre otros exfuncionarios y suplidores de la ARS estatal.
Igualmente, figuran como acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes ya habían admitido ante el tribunal haber pagado sobornos a Hazim y a otros funcionarios del SeNaSa, colaboración que les permitió recibir arresto domiciliario en lugar de prisión preventiva.
Los cargos
A los imputados se les atribuyen los cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Investigación continúa
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), a cargo de la procuradora de corte Mirna Ortiz, ha señalado que las investigaciones no se limitan a hechos del pasado, sino que también alcanzan a otros actores vinculados al presente del organismo.
Fuente Listin Diario
