Desde su primer mandato, el presidente Luis Abinader ha puesto en funciones claves de su gobierno a figuras externas al Partido Revolucionario Moderno (PRM), como parte de una estrategia que, si bien responde a negociaciones políticas y analistas consideran una muestra de pluralismo para gobernar, también ha generado disgustos internos.

En su primer gabinete, configurado el 16 de agosto de 2020, colocó en seis de los 23 ministerios a personas procedentes de la sociedad civil, de la clase empresarial y hasta de otros partidos, incluyendo los de oposición.

La situación ha variado poco después de cinco años pues, con la designación de Magín Díaz en Hacienda, el número de ministros de origen externo se mantiene en cinco.

Las inconformidades que provoca esta política se manifiestan en quejas como las de Roberto Fulcar, exministro de Educación, quien fue reemplazado por Ángel Hernández.

Fulcar envió una carta al nuevo incumbente de Educación, Luis Miguel De Camps, para que «revierta las desvinculaciones, degradaciones y recortes salariales injustos que», según él, habían sufrido sus «compañeros perremeístas».