La República Dominicana enfrenta un dilema migratorio que no puede seguir siendo postergado ni tratado con demagogia. La presencia masiva de trabajadores haitianos en sectores como la construcción y la agroindustria no es un fenómeno reciente, pero sí es una realidad creciente y desordenada que impacta directamente la economía, la seguridad y la cohesión social.
Pretender resolver el problema a través de deportaciones masivas es una ilusión tan peligrosa como ineficaz. Pero aceptar la informalidad y el caos tampoco es opción. Entre la ingenuidad y la pasividad, existe una tercera vía: la legalidad con pragmatismo.
Un Plan Nacional de Regularización Sectorial no significa ceder soberanía, sino ejercerla. Regularizar no es lo mismo que conceder ciudadanía. Controlar y registrar a los trabajadores extranjeros es el primer paso para frenar la migración desordenada y proteger el empleo y la seguridad de todos.
Este plan debe ser sectorial, temporal y estricto. Debe implicar responsabilidades claras para los empleadores que históricamente se han beneficiado de la informalidad. Debe blindar los derechos de los trabajadores extranjeros, pero siempre dentro del marco legal dominicano.
Un Estado que no sabe quiénes están en su territorio y bajo qué condiciones, es un Estado vulnerable. Regularizar, formalizar y controlar, lejos de ser una concesión, es el acto más soberano que puede ejercer la República Dominicana hoy.
Este plan no es una solución perfecta, pero es una solución posible, viable y urgente. Lo contrario es seguir fomentando la informalidad, la explotación y el desorden. Y eso sí sería un acto de irresponsabilidad nacional.
Fuente Diario Libre
