Una práctica recurrente que se realiza durante los operativos migratorios en el país ha generado cuestionamientos entorno a las legalidades y derechos humanos: la incautación de bienes como motocicletas, vehículos u otras pertenencias a migrantes indocumentados al momento de su detención y deportación.
Abogados y expertos en derechos humanos consideran esta práctica como una violación a la Constitución dominicana.
¿Tiene el Estado dominicano la potestad legal de quedarse o subastar los bienes de un migrante por el simple hecho de estar en situación irregular?
Tanto el abogado Cirilo Guzmán como el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Manuel María Mercedes, coinciden en que el derecho a la propiedad no depende del estatus migratorio y que ninguna autoridad puede disponer de un bien sin una sentencia judicial.
Guzmán aclaró que el Estado dominicano no tiene la potestad legal de disponer libremente de los bienes de personas indocumentadas, como motocicletas o vehículos, sin una sentencia judicial que ordene su decomiso.
Asimismo, explicó que, aunque una persona se encuentre de manera ilegal en el país, sus bienes siguen estando protegidos por el derecho de propiedad consagrado en la Constitución dominicana. “No importa que usted esté de manera ilegal, sus bienes deben ser preservados por el Estado”, afirmó el jurista.
“El Estado puede disponer de bienes, no solamente de ilegales deportados, sino de cualquiera, cuando hay una sentencia que ordena el decomiso de este bien, solamente con una sentencia definitiva”, sostuvo
Fuente Diario Libre
