Aunque el Gobierno dominicano defendió la protección de su producción arrocera ante Estados Unidos, terminó. La decisión, conocida en este mes, se suma a otras disposiciones que el Gobierno dominicano ha tenido que tomar frente a la administración de Donald Trump, como emitir un decreto para prohibir importaciones vinculadas al trabajo forzoso mientras intenta, aún sin éxito, negociar los aranceles que afectan a las exportaciones dominicanas.
El Decreto 635-26, emitido el pasado 9 de septiembre, dejó sin efecto el 693-24, que permitía importar sin aranceles solo 23,300 toneladas de arroz estadounidense y aplicaba un 99 % fuera de esa cuota. Washington reclamaba cumplir el calendario del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta), que contemplaba la liberalización del cereal desde enero de 2025.
Cinco días antes de derogarlo, el presidente de la República, Luis Abinader, aseguró en una actividad en Bávaro que de que afectar el arroz dominicano iba contra los intereses estadounidenses. El 11 de septiembre, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) hizo público su interés en la derogación y en negociar un acuerdo de comercio recíproco.
El USTR dos días después de que el Gobierno emitiera el decreto con el que eliminara la salvaguarda, aunque no fue sino hasta este martes cuando la dio a conocer públicamente.
Imposiciones arancelarias
Estas diferencias comerciales se vienen dando desde hace más de un año: El 2 de abril de 2025, que ingresaran a su territorio, como parte de su nueva política comercial, aplicándolo desde el día 5.
Abinader solicitó la exoneración, invocando el tratado comercial, y una delegación llevó esa petición a Washington. Sin embargo, la Casa Blanca confirmó mediante una orden ejecutiva en julio de ese año que la República Dominicana continuaba entre la lista de países a los que se les impondría el arancel, mientras el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) afirmaba que las gestiones avanzaban.
En febrero de 2026, tras la anulación judicial de los aranceles basados en la ley estadounidense de poderes de emergencia, el gigante norteamericano con excepciones para textiles y confecciones que cumplieran el DR-Cafta.
Esta tarifa temporal , misma fecha en la que el USTR anunció una nueva tarifa arancelaria a 60 economías por impedir la prohibición eficaz del ingreso de mercancías cuya producción estuviera directamente vinculada con el trabajo forzoso.
Trabajo forzoso
A la República Dominicana se le impuso una tarifa de 12.5 %, quedando entre las economías con mayor tasa, pues otros países (como Guatemala, Honduras o El Salvador), recibieron un arancel de 10 %.
Esa misma noche, y en respuesta a esa decisión, Abinader con el que estableció la creación de un procedimiento para identificar y bloquear estas mercancías.
Aunque la norma buscaba activar un mecanismo ante los cuestionamientos de Washington, las pautas técnicas que requiere para su ejecución como declaró el director general de Aduanas, Nelso Arroyo, quien indicó que aún estaba a la espera de un procedimiento que debía elaborar el Ministerio de Trabajo.
Acuerdo recíproco
A esto se añadirían nuevas gestiones comerciales entre ambos países.
El 26 de agosto, Abinader anunció que buscaba , mientras que el 9 de septiembre (el mismo día en que se eliminó la protección al trabajo forzoso), el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó conversaciones con el USTR, mientras el Gobierno reclamaba condiciones más favorables para sus exportaciones.
Advertencias
Hay aspectos en los que, si bien el gobierno estadounidense no ha llevado a la República Dominicana a tener que adoptar sus normas, sí ha realizado advertencias que inciden sobre futuras decisiones comerciales que tome el país.
En agosto, la Embajada de Estados Unidos difundió una alerta sobre equipos de Huawei, ZTE, Hikvision, Hytera, Dahua y DJI, ataques informáticos e interrupciones de redes. Washington instó a sus socios en América a sustituir esas tecnologías por proveedores considerados confiables.
El pronunciamiento coincidió con la adjudicación de frecuencias a la empresa vietnamita Viettel. Sin embargo, el presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara,
Explicó que había conversado con autoridades estadounidenses y europeas sobre mecanismos de financiamiento para que las telefónicas dominicanas redujeran progresivamente su dependencia de tecnología china.
El 7 de septiembre, Abinader r aunque señaló que sus equipos ya estaban instalados y defendió la entrada de Viettel para aumentar la competencia.
El mandatario reafirmó que Washington «es el aliado estratégico del país» y que ambas naciones trabajan conjuntamente en asuntos de seguridad nacional.
Las decisiones que ha tomado Estados Unidos en materia comercial también han alcanzado a los envíos de dinero.
Desde enero de 2026, existe un impuesto del 1 % a determinadas remesas pagadas con efectivo, órdenes de pago, cheques de caja u otros instrumentos físicos similares, una medida que forma parte del paquete fiscal impulsado por Donald Trump conocido como «One big beautiful act» (traducido como «una ley grande y hermosa, en español).
Fuente Diario Libre
