No obstante, organizaciones internacionales advierten que una transición en estas condiciones podría agravar la crisis, debido a los intereses de las pandillas armadas que buscan capitalizar su poder territorial para influir en la próxima administración y garantizar una amnistía total por los crímenes cometidos.
Entre las estructuras criminales más poderosas destaca Viv Ansanm, una coalición que agrupa a las pandillas G-9 y G-Pép, liderada por Jimmy Chérizier, alias Barbecue.
Durante un conversatorio organizado por el International Crisis Group, los expertos Diego Da Rin, Isabelle Clérié y Rosy Auguste Ducéna analizaron los efectos directos e indirectos de esta alianza criminal, que mantiene en zozobra a Puerto Príncipe, el Artibonito y otras comunidades cercanas a la capital haitiana.
Expansión del control armado
A principios de 2024, Viv Ansanm sitió la capital de Haití provocando con esa acción la renuncia del entonces primer ministro Ariel Henry. En ese período, la coalición lanzó ataques contra prisiones, edificios gubernamentales y el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture.
Pero el ataque no se detuvo ahí.
Tras tomar gran parte de la capital, la alianza extendió sus tentáculos a regiones cercanas a Puerto Príncipe y reforzó su dominio sobre las principales carreteras que conectan a esa ciudad con el resto del país.
Diego Da Rin, analista del International Crisis Group, explica que las bandas desean el indulto por parte de las futuras autoridades, mientras mantienen ventaja sobre los cuerpos de seguridad del Estado. En los últimos meses, advierte, el frente criminal incrementó su tamaño y alcance, incorporando nuevos grupos.
«Incluso líderes de bandas que se odiaban, ahora, por ejemplo, colaboran musicalmente», reflexiona. «Así que las tensiones que existían antes entre algunos jefes disminuyen. Sus objetivos evolucionaron con el tiempo».
Informes de la organización detallan que Viv Ansanm expandió su control territorial y amplió sus actividades criminales a la extorsión, la piratería y el narcotráfico. Como parte de su narrativa, las pandillas afirman que tienen una ideología y que luchan en defensa de los «más pobres» frente a lo que describen como élites depredadoras.
Rosy Auguste Ducéna, directora de programas de la Red de Defensa Nacional de Derechos Humanos en Haití, describe un escenario cada vez más desolador. Según sus datos, cada dos horas ocurre una violación colectiva en Puerto Príncipe.
«Alrededor de 12 mujeres y niñas son víctimas cada día. La violación es un arma aterradora que siempre se usa», lamenta.
Poca capacidad
Los primeros contingentes de la Fuerza de Supresión de Pandillas, aprobado por la Organización de las Naciones Unidas, tienen previsto llegar a Haití en abril, mientras que el despliegue completo se espera para octubre. Esta fuerza sustituiría a la Misión Multinacional de Seguridad, desplegada en 2024 y cuyo mandato ya expiró.
Aun así, la población tiene poca fe en que el estado de caos mejore. Por ejemplo, Isabelle Clérié, directora ejecutiva de Haiti Impact Group, alerta sobre la poca capacidad a nivel judicial para procesar a los criminales que sean capturados.
«Hablamos de miles de personas que pertenecen a las bandas. Ni siquiera tenemos la capacidad para mantener en las prisiones a toda esta gente», expresa la antropóloga.
Clérié también insta a comprender que muchos integrantes de estas estructuras criminales son, a su vez, víctimas de un sistema que los margina y violenta, lo que complejiza cualquier estrategia de respuesta.
Lograr el equilibrio se presenta como una tarea difícil para la primera República negra del mundo.
Según el International Crisis Group, los aliados extranjeros deben proporcionar los recursos necesarios a la nueva fuerza para recuperar el control territorial y dar un respiro a las comunidades.
Una vez que el equilibrio de poder se incline hacia el Estado, «las autoridades deben entablar diálogos con las pandillas para su desmovilización, mitigar la violencia, y romper los vínculos entre la delincuencia y las élites haitianas».
FUENTE DIARIO LIBRE
